Por: Roberto Flores Bermúdez
Socio Senior
La relación comercial o mercantil, como toda relación entre personas, es propensa a generar controversias. La manera cómo se interpreta un calendario de cumplimento de obra; la escalada de precios en los insumos y la responsabilidad de su pago; las condiciones de los desembolsos relativos a diferentes etapas de los proyectos, son todos ejemplos que pueden prestarse a apreciaciones divergentes en el cumplimento de un contrato. Desatendidas, es posible que esas discrepancias escalen hacia una confrontación que afecte tanto el cumplimiento del contrato, como las relaciones comerciales entre las partes. Las discordancias pueden tener dos vertientes. Por un lado, al interpretar una circunstancia contractual, una parte lo hace bajo la convicción de encontrarse en una situación jurídica regular, aunque haya error. Y por otro, si la interpretación se hace con malicia para beneficio propio. Estas dos circunstancias juegan un papel importante a la hora de dilucidar el comportamiento de buena o de mala fe de las partes contratantes.
El axioma de la buena fe en la relación contractual emana del ordenamiento jurídico romano. La bona fides se conceptualizó como la condición de lealtad recíproca esperada en una relación bilateral comercial o mercantil. Hoy constituye una “cláusula de carácter material que informa toda la materia contractual”[1].
La significativa influencia del Código Napoleónico (1804), que incorporó la buena fe en su normativa contractual, contribuyó a propagarla como un principio general del derecho. En el ordenamiento jurídico hondureño, la referencia cardinal relativa a este concepto la encarna el Código Civil, el cual manda a ejecutar los contratos de buena fe (art. 1546). La misma ley también señala que ésta se presume, salvo ciertas excepciones, y que la mala fe deberá probarse (art.724). La buena fe es una presunción de derecho que la ley tiene como cierta en tanto no se pruebe su inexistencia o inexactitud.
La buena fe o la ausencia de ésta, puede manifestarse en dos etapas de una relación contractual: la negociación del contrato y su ejecución. La primera se caracteriza por los compromisos que el contratista negocia y a cuyo cumplimiento se compromete, por ejemplo, en contratos de licitación. En esos casos, al tratarse de un concurso por oposición, el presentar una oferta ventajosa de aparente cumplimiento puede inclinar al contratante a seleccionar ese proponente. Si la oferta se hizo, por ejemplo, a sabiendas que el plazo de conclusión del proyecto propuesto era incumplible, que los costos no eran exactos, o inclusive si el contratista oferente no contaba con la habilidad o conocimientonecesarios para cumplir con la obligación, puede existir malicia debido a la voluntaria y consciente ilicitud de engañar para sacar ventaja a favor de sí mismo.
En el caso de la ejecución del contrato, la mala fe podría manifestarse mediante remedios oportunistas a dificultades que se presenten en su puesta en práctica. Un ejemplo clásico es la pretensión de que el contratante cubra los gastos incurridos por el retraso en la ejecución de la obra, cuando el incumplimiento se debió a la propia negligencia del contratista. Desde su origen en el Derecho Romano, el principio de la buena fe se orienta hacia un comportamiento entre las personas en condiciones de honestidad y de cumplimiento leal de sus obligaciones contractuales. Es evidente que su ausencia daría lugar a la confrontación y a la ineficacia en las interacciones comerciales. El éxito de los actos comerciales, consecuentemente, requiere una conducta sustentada en el valor moral y positivo en los servicios que se ofrecen y en el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
[1] Fernández Buján, A., “El papel de la buena fe en los pactos, arbitrajes y contratos”, Revista de Derecho UNED, n.7, 2010, p. 292.
